Rigoberto Pitti, publicado en www.panoramacatolico.com, el 17-mayo-2015).
“La justicia y la paz se besan” (Salmo 84, 11).
Cuando nos preguntamos lo que
pasa en las corregidurías, nos percatamos que la administración de la justicia
comunitaria ha estado en crisis desde hace mucho tiempo. Normativa obsoleta,
infraestructura inadecuada, personal a cargo sin las competencias técnicas
apropiadas, arbitrariedades y abusos, son sólo algunos ejemplos de la situación.
Desde el año 2005 ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil panameña han estado promoviendo un cambio
en la legislación de administrar justicia a nivel comunitario.
Durante ese
período de gobierno se acordó iniciar un proceso de cambios, que diera lugar a
una justicia administrativa fundamentada en la paz, la conciliación y la
mediación. Sin embargo, el anteproyecto de ley, que fue presentado a la
Asamblea de Diputados en distintos períodos (2008, 2010 y 2014), se ha
mantenido en el olvido.
Se necesita con urgencia una
política de seguridad ciudadana integral, que incluya cambios profundos en la
legislación. Debemos pensar en administradores de justicia como jueces de paz,
conciliadores y mediadores, con principios, valores y competencias adecuados a
las exigencias del momento.
La Justicia de Paz, como está
planteada en el anteproyecto de ley, se propone como un sistema de justicia local accesible, expedito,
viable y efectivo. Conllevaría una serie de principios orientadores
como: el respeto a la diversidad, eficacia y celeridad procesal, informalidad,
equidad, gratuidad, independencia, imparcialidad, oralidad, rendición de
cuentas y transparencia.
Animamos a los ciudadanos preocupados por la situación de administración de justicia en las comunidades a que conozcan y apoyen esta iniciativa que pretende cambiar la cultura del castigo y de la violencia, por una nueva cultura basada en el diálogo y la paz.
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