Por Rigoberto Pittí
El domingo pasado (28 de septiembre), el hermano país del Ecuador marcó un gran hito en la historia: no sólo logró por amplia mayoría cambiar el sistema político de su país, sino que también pasó a la posibilidad de crear un nuevo estilo de hacer economía desde el Estado. Ha llamado a este nuevo estilo la Economía Solidaria, una experiencia ya vivida por organizaciones sociales, pero nunca antes intencionada desde el Estado. Esperemos a ver cómo se reconfigura el nuevo país.
Hace algunas semanas estuve visitando el Ecuador y, a partir de algunas entrevistas que realicé me tomé el trabajo de redactar un pequeño artículo para el boletín de mi institución. A continuación comparto el texto.
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Ecuador y el Cambio Constitucional
Actualmente la realidad sudamericana nos presenta un panorama muy interesante, si tomamos en cuenta los acontecimientos de los últimos años: la aparición y ampliación del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe); la expansión de los Foros Sociales; la llegada al poder de fuerzas políticas alternativas al sistema hegemónico (casos como los de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay). Entre aciertos y desaciertos, se va configurando un nuevo mapa esperanzador para los pueblos que han vivido al margen del crecimiento y desarrollo de nuestros países.
En esta ocasión creemos importante, compartir algunas reflexiones sobre el proceso político que se está llevando a cabo en Ecuador. El país se prepara para aprobar o rechazar el 28 de septiembre una nueva Constitución, un esfuerzo de varios años por construir un nuevo marco legal acorde con los nuevos tiempos. El proceso se desarrolló de manera muy participativa, sobre todo por la incidencia de las organizaciones sociales que reflexionaron y enviaron propuestas para facilitar y orientar el trabajo de los asambleistas. Entre los esfuerzos a mencionar está el del Movimiento Nacional de Economía Solidaria, que aportó contenidos fundamentales para dar lugar a una nueva forma de hacer economía.
El proyecto constitucional, que está en el debate, consta de 444 artículos, dividido en 9 secciones principales. La primera semana de agosto pasado, el gobierno distribuyó en los periódicos nacionales una versión impresa del mismo y se espera que repartan varios millones por distintos medios, para que sea accesible a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas, de manera que puedan decidir con conciencia.A continuación se describen algunos contenidos del proyecto, ya que, entre otras cosas, concede derechos más amplios en lo civil, económico, social y cultural. De igual manera abre la posibilidad de mayor participación ciudadana en toma de las decisiones y concibe una nueva economía basada en la solidaridad.
Derechos más amplios
El proyecto de ley establece de manera más amplia algunos derechos como los civiles, económicos, sociales, colectivos y hasta para la propia naturaleza (Pachamama). Algunos de los proponentes han catalogado el proyecto como del “buen vivir”, lo que se especifica en el Capítulo Segundo del Título II. En ese contexto se establece con claridad el derecho al agua (Art. 12) como un “derecho fundamental e irrenunciable” y “patrimonio nacional estratégico de uso publico, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. También se agrega el derecho a un ambiente sano (Art. 14); a una soberanía alimentaria por sobre la soberanía energética (Art. 15); acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación (Art. 16). De igual manera se agrega el derecho a que las personas construyan y mantengan su propia identidad cultural (Art. 21). En la sección sobre educación, se considera que ésta es un derecho a lo largo de la vida. Por lo tanto “la educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior” (Art. 28, 356).
En la propuesta constitucional también se especifican otros derechos como: tener una vivienda digna (Art. 30); trabajo (Art. 33); seguridad social incluso para personas que realizan trabajo no remunerado (Art. 34); derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: adultos/as mayores (36-38), jóvenes (39), movilidad humana (40-42), mujeres embarazadas (43), niñas, niños y adolescentes (44-46), personas con discapacidad (47-50).
Sobre las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado se compromete en reconocer y garantizar su existencia de acuerdo a los pactos internacionales de derechos colectivos (Art. 57). Entre estos derechos están: sus tradiciones y formas de organización; la propiedad colectiva de sus tierras; la participación en el uso, administración y conservación de los recursos naturales dentro de sus territorios; la consulta previa sobre planes y programas que les pueda afectar, el desarrollo del derecho consuetudinario que no riña con la Constitución; entre otros.
La participación y el poder ciudadano
Además de los derechos tradicionales de elegir y ser elegidos, el nuevo proyecto agrega nuevos derechos de participación como: presentar proyectos de interés público, fiscalizar los actos del poder público la revocatoria de mandato y la conformación de partidos y movimientos políticos (Art. 61). De igual manera se incluyen los principios de participación individual y colectiva en la toma de decisiones, la planificación y gestión de asuntos públicos, así como el control popular de las instituciones del Estado (Art. 95, 204-216).
Sobre la planificación participativa, se organizará un sistema nacional de descentralización para incluir en los distintos niveles de gobierno la participación ciudadana, cuyo objetivo será el de dictar lineamientos y políticas que orienten el sistema y aprueben los planes de desarrollo (279).
La soberanía económica
El proyecto constitucional declara que “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica entre sociedad, Estado y mercado… El sistema se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria…” (Art. 283).
Uno de los objetivos estratégicos del Estado será la soberanía alimentaria que garantice a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades “la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados y de manera permanente (Art. 281). Para ello se prohíbe el latifundio y la concentración de tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes (Art. 282).
Puntos Críticos del debate
Algunos jerarcas de la Iglesia Católica, desde el pasado mes de julio se han manifestado públicamente en contra de la Carta constitucional aduciendo que varios artículos "no son compatibles con la fe católica ni con la humanidad", mientras que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado en el que ratificó su rechazo y anunció que "seguirá con las orientaciones pastorales sobre los puntos referidos". Los jerarcas se refieren a que “el texto deja abierta la puerta al aborto, al matrimonio entre homosexuales y a la orientación estatal en la educación”. En el texto elaborado por la Asamblea Constituyente no aparece la palabra aborto ni se menciona el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero los obispos estiman que la redacción es ambigua y propicia iniciativas en ese sentido (Diario El Comercio, 4-5-6 de agosto de 2008). Además de la jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas, otros actores como políticos de oposición, comunicadores sociales, abogados constitucionalistas y empresarios también se oponen al proyecto.
Sin embargo, una gran cantidad de organizaciones sociales como indígenas, mujeres, gremios profesionales e instituciones que trabajan por el desarrollo, han manifestado su apoyo a la propuesta constitucional.
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