Presencia Militar en América Latina

Llama la atención que en los últimos meses nuestra región latinoamericana y caribeña constate la presencia militar norteamericana a grandes proporciones y de distintas formas: veinte mil (20,000) efectivos militares norteamericanos ocupan Haití luego el terremoto de enero pasado; Costa Rica recibe cerca de siete mil (7,000) militares norteamericanos y 46 embarcaciones estadounidenses desde el mes de julio; en Panamá se realizan en julio maniobras militares con al menos la participación de 15 países de lar región al mando de Estados Unidos; Colombia da la autorización a soldados norteamericanos para que operen en siete bases militares; y Aruba y Curazao son testigos del incremento de la presencia militar norteamericana. Además se ha activado desde el 2008, la IV Flota, un comando de alto nivel para patrullar las aguas de la región.

Haití, bajo otra invasión
Según el catedrático canadiense Michell Chossudovsky, cuyo país es parte del Club de Reconstrucción de Haití, “La presencia militar estadounidense en Haití será utilizada para establecer un punto de apoyo en el país y también persigue los objetivos estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe, que están en gran medida dirigidos contra Cuba y Venezuela” (http://www.aporrea.org/internacionales/, 30/04/10).

Cerca de 16,000 soldados norteamericanos se han establecido en el país caribeño bajo la justificación de realizar tareas humanitarias, luego del terremoto del 12 de enero. Sin embargo fuerzas de la ONU de varios países, se han visto relegadas y han manifestado su inconformidad por la pérdida de mando en el país.

Costa Rica, un país ocupado
En 1948, Costa Rica decidió como país soberano vivir sin ejército, luego de una guerra civil en la que murieron unas 2,000 personas. El expresidentes y premio Novel de la Paz, Oscar Arias, solía pedir a líderes mundiales de las Naciones Unidas que se gastase menos en defensa y más en escuelas y hospitales para los pobres. Sin embargo, actualmente el país está ocupado por cerca de 7,000 efectivos militares norteamericanos y 46 embarcaciones de guerra, en el marco del acuerdo “Join Patrol” o Patrulla Conjunta (http://noticias.lainformacion.com/mundo, 25/8/10).

Los funcionarios antidrogas justifican la acción diciendo que las intensas acciones militares llevadas a cabo en otros países de América Latina han obligado a los cárteles a trasladar su negocio al país centroamericano (Ibidem). Sin embargo, los que se oponen argumentan que las acciones militares desplegadas en México y Colombia no han dado resultados efectivos. Al contrario, desde que se implementó el Plan Colombia ha aumentado la cantidad de muertes, mientras que la situación del negocio de las drogas no ha disminuido. Entre 2006 y 2010 han muerto cerca de 22,000 personas en Colombia producto de la violencia. Por otro lado, actualmente se libra una batalla campal entre los cárteles de la droga y los ejércitos mexicanos y norteamericanos en la frontera conjunta. Por lo que esta justificación no ofrece garantías de paz, para Costa Rica ni para ningún otro país.

Operación PANAMAX
En 1990, después de 21 años de militarismo y luego de una cruenta invasión militar norteamericana, Panamá decidió abolir su ejército. De igual modo los Tratados Torrijos-Carter, referentes al Canal, establecían una salida del Comando Sur del país al final del año 1,999. Se trabajó por un proceso de democratización y convivencia sin cuerpos militares. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial ha subsistido la idea en el Pentágono del peligro de un ataque al Canal de Panamá. Aunado a esto, se justifica constantemente la necesidad de ejercicios conjuntos entre el ejército norteamericano y la policía nacional para neutralizar el narcotráfico.

Recientemente se realizaron en Panamá estos “ejercicios militares”, con la participación de 15 países de la región a las órdenes del Comando Sur. La operación PANAMAX se realiza desde el año 2002, cuando inició con la participación de 3 países (Estados Unidos, Chile y Panamá). Por otro lado, en el país se han estado construyendo alrededor de 11 bases aeronavales, so pretexto de controlar el narcotráfico, levantados los sentimientos nacionalistas en gran parte de la población panameña.

Bases Militares
Después de la salida del Comando Sur de Panamá el año 1999, cuya tarea consiste en la vigilancia, espionaje y control a un área de 19 países de América Latina, éste se trasladó a Florida. Desde allí y a partir del año 2000, se diseñó un nuevo esquema de control militar subregional, lo que es conocido como Instalaciones Militares de Ultramar. Esta nueva estrategia consiste en tres niveles de operación: Bases de Emplazamiento Cooperativo de Seguridad (CSL), que son centros instalados en un país-huésped con presencia permanente, poca o ninguna de EEUU y cuyo objetivo es facilitar la cooperación y en asuntos de seguridad; en un segundo nivel están los Emplazamientos de Operaciones de Avanzada (FOL), que se localizan en un país-huésped, catalogado como sitio caliente, con una presencia limitada de apoyo militar de EE.UU. y, posiblemente equipos militares preubicados; y la Base Principal de Operaciones (MOB), que es una base militar convencional.

Los Estados Unidos tienen 865 asentamientos militares fuera de su territorio de los cuales entre 45 y 49 estarían en América Latina y el Caribe o sus cercanías (Informe Gumilla, Marzo 2010). En la región operan actualmente 14 bases militares permanentes, siendo las más estratégicas las siguientes: la Base Militar de Comalapa en El Salvador; Sotocano en Palmerola, Honduras; Liberia en Costa Rica; Arauca, Larandia y 3 Esquinas en Colombia; Iquitos y Nanay en Perú; Mariscal Estigarribia en Paraguay; Guantánamo en Cuba, Vieques en Puerto Rico y Reina Beatriz en Aruba y Curazao.

En Colombia, es preocupante que en los últimos meses siete bases militares colombianas han sido ocupadas por soldados norteamericanos, lo que Venezuela interpreta como una amenaza para las débiles relaciones entre ambos países.

La IV Flota
Después de 58 años la Armada norteamericana ha reactivado en el 2008 la llamada IV Flota, que consiste en un comando de alto nivel dedicado a la vigilancia de sus unidades en América Latina y el Caribe (http://news.bbc.com.uk/hi/spanish, 8/5/2008). Dicha flota consta de un portaviones nuclear, fragatas misilísticas, 120 aviones, entre ellos bombarderos F-14, tanques, submarinos nucleares y 12 navíos de escolta

Según los voceros militares estadounidenses, esta presencia no implica un aumento de la presencia militar en la región, pero por otro lado, es considerado por algunos países como una acción simbólica que busca responder a la aparición de regímenes anti-norteamericanos en la región.

Lo cierto es que América Latina vive actualmente una polarización entre gobiernos de izquierda (Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Bolivia) y de derecha (Colombia, Perú, Panamá, México). Además, con el incremento de una estrategia económica regional en torno a las actividades extractivistas y al negocio del agua, muchas organizaciones sociales se están levantando en distintas partes de la región, lo que hace prever conflictos más graves en un futuro próximo. Para ello, varios gobiernos están flexibilizando sus marcos legales, no sólo para facilitar la inversión en este tipo de industrias, sino también para reprimir y criminalizar la protesta social, como ya ha ocurrido en Panamá.

Conflictos y Violencias en Panamá

Supuestos teóricos:

• Los conflictos no son buenos ni malos; son parte de la vida.
• Cuando no se conocen formas constructivas de resolver conflictos, generalmente las personas toman uno de los siguientes caminos: o le dan la potestad a un tercero (corregidor, juez, superior, consejero, etc.), o por el contrario tratan de resolverlos utilizando formas inadecuadas como agresividad y violencia.
• Los conflictos generalmente inician con desacuerdos sobre asuntos concretos, pero si no se abordan adecuadamente, tienden a complicarse hasta que se les sale de las manos.
• La violencia es uno de los grados más altos del conflicto. Esta consiste en el uso de la fuerza física, o la amenaza del uso de la fuerza, con la intención de perjudicar a una persona o un grupo.


Planteamiento del Problema:

En la República de Panamá, las estadísticas de violencia van en aumento constantemente. Pero la violencia tiene distintas caras y diversas causas. Por ello, hemos hecho un acercamiento al problema ubicándolo en sus distintos escenarios de manera que podamos tener un mapa más completo del mismo. Para ello, identificamos los siguientes tipos de conflictos: familiares, comunitarios, violencia criminal y violencia institucional.

Violencia y Conflictos familiares

Los conflictos familiares que trascienden hasta las instituciones del Estados como la corregidurías, fiscalías y Policía Nacional, generalmente corresponden a eventos violentos. Por ejemplo, datos de la Alcaldía de Panamá señalan que en los tres primeros meses del año 2010, se registraron 919 casos de violencia familiar; de los cuales 624 fueron tramitados en las corregidurías, 134 en distintas estaciones de la Policía, 116 en las fiscalías de Familia y 52 en los Centros de Recepción de Denuncias de la Subestación de la Policía Nacional de Ancón (La Prensa, 2010/04/23).

Por otro lado, la violencia familiar está íntimamente relacionada con pensiones alimenticias. El mismo Informe de la Alcaldía señala que el 90% de las pensiones alimenticias fijadas en las corregidurías se da luego de registrarse casos de violencia doméstica. La mayoría de estos casos se dan en sectores marginales de la capital como Mañanitas, Pacora, Chilibre, Alcalde Díaz y 24 de Diciembre.

Los casos más preocupantes de violencia familiar están relacionados con femicidios (asesinatos por la condición de género). El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), así como el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG) de la Defensoría del Pueblo señala que el año 2009 cerró con 80 víctimas (La Prensa, 2009/12/31 y 2010/04/01). Hasta el mes de marzo del presente año ya se habían registrado 19 víctimas. Según el OPVG, el 62% de los casos de femicidios son considerados como íntimos o pasionales, contra un 38% considerado como no íntimo.

Según el Informe “Femicidios en Centroamérica”, ha habido un crecimiento de los homicidios de mujeres en la región. El Informe señala que hasta hace unos años, la violencia de género se producía principalmente en el hogar, por parte de la pareja o la ex pareja. Ahora, entre 20% y 50% de los femicidios -dependiendo de cada país- son perpetrados por miembros de alguna organización criminal que mata a las mujeres como venganza (La Prensa, 2010/03/24). La tasa de femicidios en Panamá, según el Informe es de 2 por cada 100,000, un poco más baja que en el resto de Centroamérica,

Algunas características de las mujeres víctimas es que son en su mayoría jóvenes entre los 15 y 35 años de edad, de las cuales el 29% eran menores de 20 años. En cuanto a la ocupación de las mujeres víctimas, el Informe del OPVG, según los casos conocidos, hay una diversidad, que van desde estudiantes (13%), hasta empleadas domésticas (7%), trabajadoras del sector servicios (6%), comerciantes (3%); trabajadoras independientes (3%); empresarias (2%); enfermeras (1%), secretarias (1%) y trabajadoras del hogar (1%).

Conflictos comunitarios

Se entiende como conflictos comunitarios, todos aquellos desacuerdos y controversias que surgen en el ámbito del vecindario. El Decreto Ley No. 777 del 21 de Diciembre de 2007, referente al Arbitraje, Conciliación y Mediación, tipifica los conflictos comunitarios. En su artículo 17, señala que “podrán ser sometidas al mecanismo de conciliación y/o mediación comunitaria, las siguientes controversias: Ruidos molestos; Riñas; Mascotas o animales en soltura; Quemas; Colindancias; Instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomería, ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica); Arbolado rural y urbano; Filtración de agua; Paredes y cercas medianeras; Riego; Uso de espacios comunes; Ampliación, mejoras, daños u ocupación de la propiedad; Pastizales; y todos aquellos conflictos susceptibles de transacción o negociación surgidos en el seno de la comunidad, y que puedan ser sometidos a estos mecanismos, sin infracción de la ley”.

En los Informes de la Procuraduría de la Administración, se han registrado los tipos de conflictos ingresados y procesados en cuatro centros de Mediación que iniciaron el Programa de Mediación de Conflictos Comunitarios entre el 2008 y el 2009. Durante estos dos años, han ingresado 627 casos (256 en el 2008 y 371 en el 2009), de los cuales 214 (34%) correspondían a deudas. De ahí le siguieron los conflictos familiares con 12%; Colindancia (10%); Incumplimiento de contratos (7.7%); Riñas (6.5%); Apropiación indebida (6.2%); Ramas o Arbolado (4.5%); y después asuntos relacionados con Cercas Medianeras, Filtración de agua, Daños a la propiedad, Animales en soltura, Uso de espacios comunes, Ruidos molestos, Basura, Ocupación de la propiedad, Quemas, entre otros (Ver siguiente Cuadro).



Violencia criminal

Panamá se encuentra en una de las regiones del mundo que tiene los índices de violencia más altos. La tasa de homicidios en América Latina para el 2008 era de 26 por 100 mil habitantes, mientras que en Europa el índice fue de 9, en Estados Unidos de 8 y en Canadá de 3 por cada 100 mil. En Panamá, ha ido aumentando la tasa de homicidios de una manera vertiginosa, ya que en el 2007 la tasa era de 12 por cada 100 mil habitantes y actualmente ronda por 22. A este ritmo, en pocos años compartiremos los números con algunos países del área que mantienen un alto índice de homicidios como son los casos de El Salvador con 55, Honduras con 50, Venezuela con 49, Guatemala con 45 y Colombia con 37 (La Prensa, 2010/03/05).

Estos índices de criminalidad, están relacionados directamente con actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, también se relacionan con falta de oportunidades económicas para los ciudadanos, corrupción generalizada y deficiencia en el abordaje de situaciones conflictivas.

Por otro lado, el sistema carcelario está en crisis, toda vez que desde hace varios años se ha sobrepasado la capacidad de los centros penitenciarios para albergar a la gran cantidad de privados de libertad en todo el país. Datos del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Gobierno y Justicia al mes de mayo de 2010, indican que existen 10,804 detenidos, mientras que la capacidad física de los centros es para 7,145 detenidos. De ellos, solamente han sido procesados 4,026, mientras que hay 6,406 en proceso (59%).

Actualmente existen 22 centros penitenciarios en el país, de los cuales existen seis (6) en la provincia de Panamá, albergando al 65.8% de la población carcelaria. El resto (34.2%) se distribuye en los otros dieciséis centros. Los principales centros penitenciarios del país son: La Joyita con 3,272 privados de libertad, La Joya con 2,020, Centro Femenino Cecilia O. de Chiari con 551, La Chorrera (468), Tinajita (417) y Renacer (379). Sólo este último centro tiene menos detenidos respecto a su capacidad física que es de 401.




Violencia Institucional

Este tipo de violencia se refiere al uso del poder y/o la dominación de un grupo sobre otro grupo. Este tipo de violencia es más complejo y por lo tanto más difícil de detectar y medir, pues se necesita cierto grado de comprensión y análisis que gran parte de la población no llega a precisar.

El Estado con sus instituciones muchas veces ejerce violencia (llámese coerción, represión, dominación) sobre los distintos grupos sociales y la población en general amparada en leyes que le permiten tales acciones. Es violento el Estado cuando no garantiza iguales oportunidades a sus ciudadanos para que desarrollen sus potencialidades. Es violento cuando teniendo muchas riquezas no promueve la equidad en la distribución.

Hay violencia institucional cuando existe el hacinamiento en las casas, faltan de servicios públicos básicos; cuando se niega medicamentos a los pacientes que cotizan cada mes con su salario; cuando más de la mitad de los detenidos en nuestros centros penitenciarios no han tenido sus juicios y viven en condiciones infrahumanas. Se ejerce violencia cuando descubrimos corrupción en los distintos órganos del Estado y no hay ley que haga pagar a los delincuentes que en muchos casos gozan de inmunidad. Es violento un sistema educativo totalmente desfasado de la realidad y que trata de poner remiendos y lo que provoca es alejarnos más de los objetivos que quisiéramos lograr como sociedad. Es violencia la que se ejerce contra las mujeres que, teniendo igual o mejor preparación que los hombres tengan peores salarios y menores oportunidades para acceder al mercado de trabajo.

Un dato que habría que analizar con mayor profundidad es que mientras algunas instituciones del Estado promueven la cultura de paz y la transformación de conflictos por medio de la Mediación, otras por el contrario, aumenta su presupuesto para la represión y el control social. Tal es el caso del Ministerio de Gobierno y Justicia que para el presente año ha asignado cerca de 393 millones de dólares (67% del presupuesto del Ministerio) para asuntos de seguridad (La Prensa, 2010/01/06). Este presupuesto se le asignará al nuevo y reestructurado Ministerio de Seguridad Pública que lo componen instituciones como el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y Migración.

Si bien desde el Estado se ejerce violencia, también los medios de comunicación, llamados el cuarto poder, ejercen violencia cuando privilegian reportajes violentos en sus noticieros sobre otras informaciones más importantes. Si uno se toma el trabajo de contabilizar los minutos que le dedican los principales noticieros nacionales a la violencia, nos damos cuenta que corresponde a más del 50%. Se puede decir lo mismo de las teleseries y películas exhibidas cuyo contenido inducen muchas veces a la violencia y a la vida fácil.

Por el lado de nuestras campiñas, hay violencia cuando empresas transnacionales les arrebatan las aguas o los montes a los ciudadanos en acuerdo con funcionarios y hasta políticas de gobierno. Es preocupante saber que muchos pobladores están en pie de lucha frente a megaproyectos hidroeléctricos y mineros en todo el territorio nacional. Si bien hay una oportunidad internacional en el mercado energético y en los minerales preciosos, también hay que considerar que lo más importante en un país es su gente.

Rigoberto Pittí Beitia
Mayo 2010

Panorama Político de América Latina

El ser de derecha o de izquierda en política, últimamente ha ido perdiendo vigencia, incluso tiende a confundir. Recientemente se le preguntó al elegido presidente de Chile Sebastián Piñera sobre la línea que seguiría su gobierno. Esta fueron sus palabras: “No creo demasiado en eso de izquierda y derecha. Hoy día… son categorías que han ido perdiendo vigencia: ya no funciona esa lógica de la Guerra Fría. Pero si me apura, le digo que soy de centroderecha, aunque en algunas cosas me siento cercano a la centroizquierda”, en http://www.clarin.com/diario/2010/01/19/.

Para comprender un poco más el fenómeno, habría que diferenciar Estados, partidos políticos en el gobierno y líderes políticos. Los Estados Latinoamericanos en su mayoría fueron constituidos bajo la influencia del liberalismo y a partir de los años 80, se convirtieron en Estados neoliberales.

Con el advenimiento de movimientos políticos alternos, llámense de izquierda o socialistas, se constituyeron partidos políticos que recogieron las aspiraciones de la ciudadanía y lograron conquistar al poder del Estado, en varios de ellos. Sin embargo, llegar al gobierno de un país no convierte a ese país en un Estado socialista o de izquierda, ya que están intactas las estructuras políticas, económicas y sociales anteriores.

La tarea fundamental para aquellos líderes que han logrado llegar al gobierno, ha sido desmantelar esa vieja estructura e inventarse una nueva, o adaptar de otras experiencias. Tales han sido los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, quienes lograron cambios constitucionales bastantes profundos. Sin embargo, estos cambios no han sido posibles, sin un respaldo amplio de la ciudadanía y sin una visión clara de que hay que cambiar.

Otros países llamados de izquierda o de centro izquierda están lejos de ser tales, puesto que la estructura política y económica sigue siendo la misma. Su reto principal es transformar su base constitucional y la estructura económica que les sostiene. Con esos retos están Nicaragua, Uruguay, Paraguay y recientemente El Salvador, que estrenó un gobierno de izquierda.

Por el otro lado, se afianzan los gobiernos de derecha con los triunfos de Sebastián Piñera en Chile, Ricardo Martinelli en Panamá y Porfirio Lobo en Honduras, cercanos a la política norteamericana, lo que plantea un panorama de polarización en la región, que dificultará las intenciones por construir una Comunidad de Estados Latinoamericanos, tema planteado en febrero pasado en la Cumbre de presidentes de Cancún, México.

Las reelecciones presidenciales

El tema de las reelecciones ha sido últimamente muy atractivo para gobernantes de la región latinoamericana. En distintos países tanto de gobiernos neoliberales (derechistas), como antineoliberales (de izquierda o socialistas), varios presidentes con bastante aceptación social ejercen influencias para que sus parlamentos y la ciudadanía aprueben la continuidad de sus mandatos. Tales han sido los casos de Álvaro Uribe en Colombia, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, así como el ex presidente Manuel Zelaya en Honduras.

En el primer caso, Álvaro Uribe ejerció dos períodos consecutivos como presidente; sin embargo, la Corte Suprema desaprobó recientemente una iniciativa para que pudiera participar en un tercer período como candidato presidencial.

En el caso de Hugo Chávez, éste logró en el 2006 una segunda reelección y posteriormente un cambio constitucional que le permite ser reelecto nuevamente en el próximo período.

Evo Morales por su parte, logró en el 2008 un segundo período como presidente. Sin embargo, en la nueva Constitución se establece en el artículo 169, acerca de la reelección presidencial, que “pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”.

En Honduras, la coyuntura política no estuvo favorable a las intenciones de Manuel Zelaya, quien a pesar de un gran apoyo popular, cayó víctima de un golpe de Estado.

El caso nicaragüense todavía está por definirse, aunque la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2009, levantó la barrera que impedía al presidente de ese país, Daniel Ortega, presentarse como candidato para un segundo mandato en 2011.